Los muertos olvidados del 4F

Al menos 56 personas cayeron el 4 de febrero de 1992, como consecuencia del golpe de Estado que lideró el entonces teniente coronel Hugo Chávez. La cifra pertenece a un informe que publicó en la época la ONG Provea, porque no existen datos oficiales al respecto. Los familiares de las víctimas se quedaron sin justicia

La lista oficial de fallecidos durante el golpe de Estado que lideró el entonces teniente coronel Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 no existe 19 años después de aquel suceso, tampoco una investigación que permita definir los culpables de aquellas muertes durante la revuelta contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. La decisión política que permitió en 1994 el sobreseimiento sobre la causa judicial de los golpistas enterró también las investigaciones sobre los afectados, explica el director de la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado.

La prensa venezolana del 5 de febrero de 1992 reseñaba que cerca de un centenar de personas, entre civiles y militares, habrían caído como consecuencia de la insurrección. El número dista de las informaciones corroboradas por Provea en un informe especial que elaboró ese año, donde se contabilizan el ingreso de 47 fallecidos a los hospitales de Caracas –de acuerdo a documentos de la Fiscalía General de la República– y otros ocho decesos en Maracay (estado Aragua) y uno en Valencia (Carabobo), donde también hubo alzamiento militar.

Provea ofreció tras el golpe de Estado “asesorías puntuales” a varios de los familiares de las víctimas, sin embargo, Alvarado recuerda que “sobre esos casos casi no se abrió ningún proceso. Tras la amnistía política, eso quedó en un limbo jurídico”. Sobre la razón de la paralización coincide el general retirado Fernando Ochoa Antich, ministro de la defensa durante la insurrección: “El juicio estuvo vigente hasta que el presidente (1994-1998) Rafael Caldera sobreseyó la causa. Esa decisión prácticamente eliminó el delito, y sin esto no había nada para seguir adelante con la investigación”.

En la gaveta

El actual presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, anunció el pasado 23 de enero que promoverá la creación de una comisión especial en el Parlamento para “esclarecer los crímenes y desapariciones” ocurridas entre 1958 y 1998. Incluso, se anunció una próxima alianza con al Fiscalía General para ahondar en las investigaciones.

No se ha hecho referencia, sin embargo, a los sucesos entorno al 4F. Esto pese a que en agosto de 2007 el ahora presidente Hugo Chávez aseguró que había visitado cada una de las tumbas de los soldados caídos porque, dijo, “esos muertos que cayeron siguiéndome en una rebelión, o defendiendo al gobierno, o algunos inocentes; yo me he jurado hacer todo lo posible para que esas muertes no sean en vano”.

La investigación podría salpicar no sólo a los militares golpistas, sino también a funcionarios del gobierno de CAP. “Si bien es cierto que buena parte de estas muertes se producen en el curso de enfrentamientos entre rebeldes y tropas del sector oficial, preocupa la persistencia de evidencias que indican que en varios casos las víctimas fueron ajusticiadas después de haber sido desarmadas y sometidas”, se lee en el informe de Provea.

Estos ajusticiamientos de los que da cuenta la ONG habrían sido corroborados, según cuenta el informe, por la Comisión de Defensa de los Derechos Ciudadanos de la Universidad de Carabobo y una delegación de Amnistía Internacional que visitó el país en 1992. Sin embargo, Ocho Antich aseguró que las denuncias nunca fueron sustentadas ante las autoridades.

El ex ministro de Defensa afirma que sólo se habría presentado una acusación donde se aseguraba que una integrante de la policía política –la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)– habría ajusticiado a un subteniente que atacó la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota, al este de Caracas. “En ese momento no se pudo corroborar ni siquiera la existencia de la funcionaria”, recuerda y considera que, “la mejor muestra de que esos ajusticiamientos son mentira” es que nunca se han investigado en los 12 años que lleva Chávez en la presidencia.

Balas perdidas

Ochoa Antich recuerda de memoria que sólo se habrían contabilizado en el Ejecutivo 34 muertes a causa del golpe de Estado, ningún civil, aclara. Sin embargo, la prensa de la época reseña a cinco ciudadanos como víctimas de aquella movilización militar: Noelia Lorenzo (de 9 años de edad), Echarta Gaiska (20), Migdalia Delgado (30), Hugo Villarte (40) y José Ordaz (44). Todos habrían caído como consecuencia de balas perdidas, entre las zonas del 23 de Enero –al oeste de Caracas– y La Carlota –en el este– donde hubo enfrentamientos entre los militares rebeldes y los institucionales.

También Provea refiere que en horas de la mañana del 4F habría sido interceptado un autobús en la ciudad de Valencia, al centro del país, y varios de sus ocupantes fueron ajusticiados por cuerpos de seguridad. Los testimonios que se reseñan en el informe revelan que en la unidad de transporte se trasladaban civiles y militares –algunos armados que participaban en la revuelta– que fueron obligados a dejar sus asientos y tres de ellos habrían aparecido muertos con disparos en sus cabezas.

Para Alvarado el otorgamiento del indulto para todo el grupo de militares que dirigió Chávez en 1992 no extingue el derecho de las víctimas. El Estado mantendría su obligación de esclarecer los hechos, superando el desinterés que se ha mantenido durante el quinquenio de Rafael Caldera y los 12 años que lleva el ahora presidente Chávez en el poder.

Juan Pablo Arocha / @jparocha